Devoluciones bancarias por las cláusulas de suelo

Asesoria online: ¿cuál será el tratamiento fiscal de las cantidades que se perciban de la banca por devolución de cantidades pagadas de más por la cláusulas suelo?

En el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio para acoger el tratamiento fiscal por el cobro de estas cantidades.

El nuevo tratamiento fiscal tendrá efectos desde entrada en vigor -en fecha 20 de enero de 2017- y resulta aplicable a cantidades cobradas correspondientes a devoluciones procedentes de ejercicios anteriores no prescritos.

Habrá que diferenciar, por tanto, el tratamiento fiscal de las cantidades devueltas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley 1/2017, de las posteriores.

El citado Real Decreto añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que regula el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.

Quiere esto decir que este tratamiento afecta tanto a cantidades percibidas extrajudicialmente como consecuencia de un acuerdo con la entidad financiera, como a cantidades percibidas judicialmente por ejecución de sentencias contra el banco.

El principio general es que no se integrará en la base imponible del IRPF la devolución por entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas suelo.

Las cantidades objeto de la devolución tendrán el siguiente tratamiento fiscal:

a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, se hubieran deducido por inversión en vivienda habitual u otras deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar la deducción correspondiente solamente respecto a los ejercicios no prescritos. En consecuencia, se debera sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios aludidos, sin inclusión de los intereses de demora.

Se exceptúa de esta regla las cantidades que no se perciban porque se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo, aunque estas cantidades no podrán ser objeto de nueva deducción.

b) Cuando tales cantidades se hubieran deducido no como inversión en vivienda habitual, sino que hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores no prescritos, se perderá tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno. El plazo para presentación de estas complementarias sera el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto.

c) Las cantidades que se perciban y que correspondan a la devolución de cantidades satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas, simplemente no podrán ser deducidas por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.

Como ya indicamos al inicio, lo dispuesto anteriormente será también de aplicación cuando la devolución de cantidades hubiera sido consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.

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